Hoy me gustaría comentar unas palabras que leí en un artículo de internet atribuidas a la ministra Elena Salgado. Las reproduzco a continuación:
"Para la estabilidad de la zona euro consideramos absolutamente imprescindible prestar atención a la consolidación fiscal; y tenemos que hacerla compatible con el crecimiento".
A todas luces estas palabras representan sin lugar a dudas lo que debe hacer el Gobierno, lo que todos los españoles necesitamos y lo que los mercados demandan. Se podría haber dicho más alto, pero no más claro. Bravo por la ministra.
Bueno, parece que se ha dado el primer paso, reconocer la enfermedad. El segundo comienza con buen pie: se ha realizado el diagnóstico, pero, ¿y el tercero? Llevar a cabo este diagnóstico no es tarea sencilla. Conjugar austeridad y crecimiento es muy, muy, pero que muy difícil, sobre todo habida cuenta de la situación de partida.
Quiero reflexionar ligeramente sobre el asunto sin entrar en disquisiciones políticas. Seamos constructivos, pues el pasado no tiene remedio. Cierto es que el mal se reconoció tarde y el diagnóstico ha venido de la mano de un especialista extranjero, pero vamos a mirar hacia el futuro e intentemos discernir si el objetivo perseguido por la ministra es factible dada nuestra situación actual.
Dejemos aparte el eufemismo utilizado para referirse a la reducción del gasto público y el aumento de impuestos, desde luego es mucho más corto y sencillo llamarlo consolidación fiscal, por no mencionar que es mucho menos doloroso.
Desde luego, yo habría elegido otra palabra que no fuera consolidación, pues más bien denota que se van a perpetuar en más de lo mismo. Sólo nos cabe esperar que no sea así.
Sin embargo, eufemismo o no, suponemos que dicha consolidación fiscal (al menos en el significado que nos quieren hacer llegar) se va a articular en base a esas dos políticas: reducción del gasto y aumento de los ingresos. Veámoslas por separado:
"Para la estabilidad de la zona euro consideramos absolutamente imprescindible prestar atención a la consolidación fiscal; y tenemos que hacerla compatible con el crecimiento".
A todas luces estas palabras representan sin lugar a dudas lo que debe hacer el Gobierno, lo que todos los españoles necesitamos y lo que los mercados demandan. Se podría haber dicho más alto, pero no más claro. Bravo por la ministra.
Bueno, parece que se ha dado el primer paso, reconocer la enfermedad. El segundo comienza con buen pie: se ha realizado el diagnóstico, pero, ¿y el tercero? Llevar a cabo este diagnóstico no es tarea sencilla. Conjugar austeridad y crecimiento es muy, muy, pero que muy difícil, sobre todo habida cuenta de la situación de partida.
Quiero reflexionar ligeramente sobre el asunto sin entrar en disquisiciones políticas. Seamos constructivos, pues el pasado no tiene remedio. Cierto es que el mal se reconoció tarde y el diagnóstico ha venido de la mano de un especialista extranjero, pero vamos a mirar hacia el futuro e intentemos discernir si el objetivo perseguido por la ministra es factible dada nuestra situación actual.
Dejemos aparte el eufemismo utilizado para referirse a la reducción del gasto público y el aumento de impuestos, desde luego es mucho más corto y sencillo llamarlo consolidación fiscal, por no mencionar que es mucho menos doloroso.
Desde luego, yo habría elegido otra palabra que no fuera consolidación, pues más bien denota que se van a perpetuar en más de lo mismo. Sólo nos cabe esperar que no sea así.
Sin embargo, eufemismo o no, suponemos que dicha consolidación fiscal (al menos en el significado que nos quieren hacer llegar) se va a articular en base a esas dos políticas: reducción del gasto y aumento de los ingresos. Veámoslas por separado:
Reducción del Gasto:
Esto, sin ir más lejos plantea un problema de cara al crecimiento económico, pues el gasto público es uno de los componentes del PIB que, al reducirse, deberá compensarse en mayor medida para producir el crecimiento.
Veamos cómo se compone el PIB, para ello usaremos la fórmula utilizada por la vía del gasto, que es la que nos atañe:
PIB = C + FBKF + X – M
donde:
C (consumo) = consumo privado + consumo público (no todo el gasto público va a consumo).
FBKF (formación bruta de capital fijo) = resumiendo se puede definir como la inversión realizada.
X = exportaciones
M = importaciones
Como se puede ver es una fórmula bien sencilla donde lo que se produce en el país se determina a través del destino que se le da al “dinero”.
Históricamente España es una nación que importa mucho más de lo que exporta, si bien esa tendencia se ha atenuado en fechas recientes no ha dejado de ser una realidad, por lo que el saldo X – M es negativo. Sólo quedan dos componentes para hacer que el PIB crezca, el consumo y la FBKF.
El consumo privado ha descendido dramáticamente desde el comienzo de la crisis por varios motivos: aumento del desempleo, las personas ven con incertidumbre su futuro y responden detrayendo recursos de su consumo (lo que popularmente se llama “ajustarse el cinturón”) y destinándolos en la medida de lo posible al ahorro.
Hagamos aquí un inciso, pues el ahorro está incluido en la fórmula de forma indirecta a través de la FBKF , ya que dicho ahorro se destina de forma directa (personas o empresas que invierten en mercados financieros, en maquinaria productiva, nuevas instalaciones de producción, etc); o indirecta, el dinero se deposita en el banco y es la entidad financiera la que se encarga de invertirlo para sacar una rentabilidad.
Pero sin embargo hay un tipo de ahorro que no se contempla en esta fórmula, y que por tanto no tiene efectos para el crecimiento del PIB: el dinero que guardan los particulares en efectivo fuera de las entidades financieras. Este dinero está fuera del sistema productivo, por lo que sería interesante saber cuánto del ahorro generado se encuentra dentro del sistema para ver en qué medida se compensa la bajada del consumo de las familias y empresas.
Siguiendo con el estudio de la fórmula, el Gobierno plantea la reducción del gasto público, con lo que la variable C (consumo privado + consumo público) vuelve a ser negativa pues ambos descienden.
Por tanto, para que el PIB crezca sólo nos queda una alternativa, que la FBKF del país sea mayor que la suma de la caída del consumo global y el déficit de la balanza comercial (X – M). Traducción al cristiano: que las empresas, los ciudadanos, los inversores nacionales y extranjeros, y las instituciones inviertan en España de forma directa o indirecta.
Bueno, como hoy me siento bien, no voy a ser catastrofista pensando que el panorama no está precisamente como para invertir en España, prefiero analizar los hechos antes de dejarme llevar por las emociones. Seamos serios y profesionales (¡ay, si más de uno se aplicara el cuento… otro gallo nos cantaría!)
Si el Gobierno quiere no perjudicar demasiado el crecimiento de la Economía al reducir el gasto, debería minorar la parte del gasto destinada exclusivamente a consumo (desgraciadamente también se han anunciado medidas que reducen el presupuesto destinado a inversión).
Hagamos una distinción, por tanto, de lo que es gasto y lo que es inversión:
1. Sueldos y salarios: en una empresa privada sin ninguna duda se trataría de inversión, pues son necesarios para llevar a cabo la actividad. En la Administración Pública tendrán la misma consideración siempre que cumplan la misma función.
Vaya por Dios, ahora se me plantea una disyuntiva, ¿es efectivamente necesario todo el personal que hay en la Administración para desarrollar las funciones que tienen atribuidas? ¿Hay puestos de trabajo que podrían ser eliminados sin afectar al funcionamiento del Sector Público? No voy a entrar en la productividad del funcionariado ni en el solapamiento de funciones, pero creo que podemos responder sin miedo a equivocarnos que NO todo el gasto público destinado a este apartado es necesario y que habría que revisar el funcionamiento del sector público en su totalidad.
2. Inmovilizado: por definición nos encontramos ante una inversión, siempre que se destine a obtener un rendimiento. Por lo tanto la inversión en infraestructuras del Estado deberá considerarse inversión siempre que de ellas se deriven beneficios para la Economía. Sé que puede sonar un tanto ambiguo, pero no puedo entrar a enumerarlas por falta de tiempo, sirvan dos ejemplos:
- Un autovía entre Villanueva de Arriba y Orejilla del Sordete no es inversión .
- La mejora del transporte ferroviario de mercancías sí es inversión .
3. Gastos corrientes: los llamados gastos corrientes son aquellos que se destinan al funcionamiento diario de las empresas o administraciones (papelería, luz, etc). Sin duda aquí hay una oportunidad de revisar qué gastos son excesivos y cuales no. Se debería estudiar las alternativas existentes para los gastos actuales. Por citar dos ejemplos que se me parecen simplemente geniales (modestia a parte, que dudo ser el primero que los haya propuesto):
- Reducir los trámites con la administración . Se ahorraría papel, tinta, tiempo (que también supone un coste), etc.
- Centralizar e informatizar los trámites , tanto internamente como de cara al exterior. No sólo se consigue reducir costes de almacenamiento de expedientes, sino que se evitan problemas como extravíos. Se reduce el gasto en soportes tradicionales (papel) y accesorios. Se sustituye gasto corriente por inversión (equipos informáticos, software, etc).
- Desarrollar un plan para la eficiencia energética de la administración. Los edificios públicos deberían albergar instalaciones para la generación de energía renovable. Estas instalaciones no sólo significarían un ahorro a largo plazo en electricidad, sino que además supondría reemplazar gasto por inversión. Por si fuera poco, contribuiría a reducir la dependencia energética del exterior, con lo que el saldo negativo procedente de X – M también se reduciría.
Para mi gusto las políticas públicas de incentivo a las energías renovables deberían ir encaminadas en esta dirección. No hay que subvencionar al sector, sino al particular en las ayudas al autoabastecimiento energético o en la reducción de la dependencia.
Vamos a parar aquí, no me quiero extender demasiado y aún quedan cosas por comentar.
Si la reducción del gasto público se encamina en la dirección correcta habría una posibilidad de que se produjera un aumento del PIB. Sin embargo, si dicha reducción no se estudia correctamente puede tener consecuencias perversas sobre la Economía.
Además, se deberían llevar a cabo políticas que promuevan la inversión privada. No tanto políticas fiscales como de estabilización, regulación, simplificación del marco regulatorio… en definitiva, crear el entorno adecuado para que se dé un aumento de la inversión en nuestro país.
Aumento de los Ingresos:
Pero aún nos queda la segunda parte de la llamada consolidación fiscal: el aumento de los ingresos.
Los ingresos públicos se producen por varios motivos, siendo el principal la recaudación vía impuestos, pero hay otros como el cobro de intereses o ingresos de las empresas públicas. No obstante, éstos últimos son, sin ninguna duda, minoritarios en comparación con el primero de ellos, por tanto, para estimular el aumento de los ingresos hay que incidir sobre la recaudación de impuestos, y aquí se nos abren dos posibilidades: precio o cantidad.
Como en cualquier empresa, el aumento de los ingresos se puede calcular como la conjunción de estas dos variables. La Economía clásica y lo que nos enseñó Pitágoras no deja lugar a dudas:
Ingresos = precio x cantidad
Este mismo principio rige para todos. En el caso de las empresas es más fácil de observar, pues generalmente identificamos cantidad con productos. Sin embargo, para el Sector Público, la cantidad es la base imponible del total de agentes que han de declarar y su precio, esto es, el tipo impositivo.
Si somos estrictos, por tanto, dicha base imponible se podría desglosar a su vez en dos partes: base de contribuyentes e ingresos atribuidos a dichos contribuyentes (o cualquiera que sea el objeto del impuesto sujeto a tributación).
Por tanto, la fórmula quedaría de la siguiente manera:
Ingresos = tipo impositivo x base contribuyentes x ingresos atribuidos
Y es obvio que si queremos aumentar la recaudación deberemos aumentar una de esas tres variables, siempre y cuando las demás queden inalteradas. Esta última condición es la que debería determinar la variable a elegir. Veamos el motivo.
En un entorno de crisis económica, los ingresos de las empresas y de las familias caen, con lo que los ingresos sujetos a tributación también caen. Para compensar esa caída se puede por tanto aumentar el tipo impositivo o el número de contribuyentes.
Si se aumenta el tipo impositivo, opción por la que parece haberse optado, puede tener consecuencias desastrosas, puesto que es la variable que tiene más repercusiones. Las razones son simples:
- Si se aumenta el tipo impositivo y los ingresos de las familias permanecen constantes, se reduce el consumo de las familias, puesto que para comprar un mismo bien hay que destinar más renta, y como ya hemos dicho eso afecta negativamente al PIB.
- Una bajada del consumo de las familias provoca una bajada de las ventas de las empresas, lo que produce una caída de los ingresos y por tanto de la inversión (si lo calculamos como % de los ingresos) y beneficios que son la base imponible para la recaudación de impuestos las empresas. En algunos casos las caídas del consumo pueden provocar cierre de algunas empresas, con lo que baja la base de contribuyentes.
- Las expectativas de aumento de los impuestos hace que las familias anticipen dicha subida aumentando su ahorro (asumamos que no todo ese ahorro está en los bancos y volvamos al punto donde hablábamos del gasto).
- En Economía se dice que el gasto público tiene un efecto sustitución del privado, sin embargo la asignación de recursos es menos eficiente en el Sector Público. Es decir, nadie nos garantiza que el aumento de ingresos derivado de un aumento de impuestos se destine a realizar un gasto económicamente eficiente y no a financiar gastos corrientes.
Por tanto, nos quedaría que la única variable viable para aumentar los ingresos del Sector Público es el aumento de la base de contribuyentes. En época de crisis la destrucción masiva de puestos de trabajo hace que la base de contribuyentes se deteriore de forma alarmante. El Gobierno no puede y no debe afectar a las políticas de contratación de las empresas, sobre todo por lo costoso que puede ser para las Arcas Públicas y los efectos limitados que puede tener.
Un estudio serio del empleo en España revelaría que el % de población empleada en medianas y grandes empresas es bastante pequeño en comparación con el empleo que proporcionan las PYMES y los autónomos. Por esta razón las políticas de empleo, y en general las destinadas al aumento de la base de contribuyentes, deberían ir dirigidas por esta vía. Facilitar la creación de nuevas empresas e incentivar la andadura empresarial de nuestros emprendedores.
Este tipo de iniciativas no solo deberían ir acompañadas de ayudas públicas, sino de un marco de estabilidad regulatoria y confianza en la Economía.
Además, otra forma de aumentar la base de contribuyentes y/o los ingresos atribuidos, es mediante la persecución del fraude fiscal. Esta política de endurecimiento de las inspecciones y persecución del fraude debería ser una constante, pero urge mucho más en épocas de crisis como la presente.
Por último, no voy a sacar conclusiones, puesto que quedan implícitas en el texto. Todos conocemos las medidas propuestas por el Gobierno para reducir el déficit. Probablemente lo consigan o puede que no, ya veremos. Pero reducir el déficit sin perjudicar el crecimiento… saquen ustedes sus propias conclusiones.
Un saludo a todos.
Juan Ignacio Martín Olea (JIMO)
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