Ante la polémica suscitada estos días por la decisión del gobierno argentino de nacionalizar YPF (cuyo propietario mayoritario es REPSOL, empresa española) voy a escribir unas líneas para intentar arrojar un poco de luz sobre las consecuencias que esto puede tener.
Trataré de ceñirme a las implicaciones exclusivamente económicas, por mucho que éstas dependen en gran medida de las reacciones políticas, pero creo que no sería bueno mezclar las cosas, pues esto desvirtuaría la conclusión final a la que podamos llegar.
Creo que todos sabemos que la acción de nacionalizar se refiere a que el gobierno de un país se hace con la propiedad necesaria para tomar el control de “algo” que hasta el momento no le pertenece. Pues bien, “nacionalizaciones” se producen todos los días en todas las partes del mundo, aunque muchas veces no se les da ese nombre, sino que simplemente se les llama expropiación. En España también se expropian bienes particulares por el “bien común” (por ejemplo, para construir una carretera). La cuestión no es si la expropiación está justificada o es legal, sino las implicaciones económicas que pueda tener.
La toma de control de una empresa por parte de un gobierno puede tener efectos positivos para la economía de un país siempre que se cumplan algunas premisas:
1. Se trata de un sector o producto estratégico para la economía de dicho país.
2. El control de dicha empresa puede suponer un control mayoritario de dicho producto o sector estratégico.
3. La gestión privada de la compañía no es eficiente y por tanto puede estar condicionando el mercado de ese producto o sector.
4. Los costes derivados de la expropiación son menores que los beneficios que produce.
5. El Estado puede financiar la reconversión que produzca una mayor eficiencia de la empresa.
6. La acción no afecta a la credibilidad del gobierno en el exterior.
Pues bien, si todo esto se da, podría justificarse una expropiación, ya que los costes para el ciudadano a medio y largo plazo se verían compensados con una bajada del precio de producto estratégico o bien un aumento de los ingresos del Estado y una posible rebaja de los impuestos por ese motivo.
Desgraciadamente, muchas de las premisas no se cumplen en este caso, ya que:
1. Habría que garantizar que la gestión pública será más eficiente que la privada, y eso es bastante difícil de creer dados los antecedentes y la situación del país, provocada en gran medida por las políticas llevadas a cabo hasta el momento. Por no mencionar que la gestión política de las empresas generalmente no atiende a criterios de eficiencia sino exclusivamente políticos y por tanto poco eficientes.
2. Los costes derivados de la expropiación no se pueden pagar con recursos disponibles, sencillamente porque el gobierno argentino no tiene dinero, eso hace que al precio haya que añadir el coste de la financiación. Dicha financiación viene en gran medida del exterior, por lo que este punto estará muy relacionado con el 6, que incluso puede llegar a hacer inviable la operación si se disparan los costes.
3. Se calcula que el Estado argentino debería invertir 25000 millones de dólares en la empresa para poder desarrollar los proyectos de exploración y explotación previstos en los próximos años. Esta cantidad es sencillamente imposible de asumir en las circunstancias actuales, por lo que debería financiarse nuevamente en el exterior. Esto podría hacerse a un coste razonable dependiendo de las implicaciones que pueda tener el punto 6. Pero, en el mejor de los casos, los recursos necesarios para financiar ese préstamo deberían obtenerse de la propia empresa, por lo cual el efecto interno en la bajada de precios sería relativo y la justificación de la intervención, dudosa.
4. Actualmente los mercados se mueven básicamente en función de las expectativas. Ciertamente la psicología humana no forma parte de la ciencia económica per sé, pero las teorías económicas modernas intentan contemplar este aspecto del comportamiento para explicar los efectos económicos. Principalmente, se supone que los agentes que intervienen en el mercado usan expectativas racionales (así se denominan), que en cristiano significa que hacen cosas lógicas y no experimentan al ir contra corriente. Por tanto, si los mercados creen que la justificación que da el gobierno argentino no se fundamenta en la realidad, desconfiarán, si piensan que los beneficios esperados derivados de la intervención no están justificados, desconfiarán. Si creen que no se ha hecho de una forma objetiva o que responde a una medida arbitraria, desconfiarán. Si la contraprestación pagada por el gobierno no se ajusta a una valoración objetiva de la compañía, desconfiarán.
En la situación actual, los mercados desconfían de que el gobierno argentino haya hecho las cosas bien, dejando a un lado la legalidad vigente y el cambio de las reglas del juego producido “de la noche a la mañana”, que esa discusión nos daría para otra entrada.
A mi entender, todo depende del grado de incertidumbre que se instale en los mercados a partir de ahora, puesto que los costes que puede tener que asumir Argentina para financiarse en el exterior pueden ser desorbitados si los prestamistas (el resto del mundo) creen que su inversión no está segura en ese país. Eso por no mencionar la incertidumbre que pueda generarse en otras empresas extranjeras, incertidumbre que puede provocar una reducción de la inversión extranjera en ese país con todas las implicaciones que ello tiene:
1. Aumento del desempleo.
2. Reducción del consumo interno.
3. Repatriación de capitales.
4. Disminución de la recaudación de impuestos.
A la larga, si las cosas no cambian, el gobierno puede verse abocado a una situación en la que tenga que declarar la bancarrota.
La clave está en si Argentina puede convertirse en nación exportadora de petróleo o no, y más aún, si va a contar con los recursos necesarios para conseguirlo.
Por supuesto, habría que contemplar también el componente político y la manera en que esto puede afectar al resto de sectores que componen la economía argentina. Por el momento el gobierno español ha anunciado medidas, en función de las medidas que se tomen y del respaldo que se tenga por parte de la UE, el gobierno argentino puede estar haciendo más mal que bien.
Juan Ignacio Martín Olea
El Economista en Casa
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